El 13 de octubre, a dos días de convertirse en la primera mujer en asumir la presidencia de México, Claudia Sheinbaum envió al Congreso diez proyectos de reforma para garantizar la igualdad de género. En tanto, el expresidente de Argentina, Alberto Fernández (2019-2023), ha sido acusado de violencia doméstica y acoso por su expareja, Fabiola Yáñez, en un caso que ha sacudido a América Latina. Fernández niega los cargos.
Estos eventos ilustran la brecha entre retórica y realidad en la región respecto del trato a las mujeres. Aunque se han aprobado leyes contra la violencia doméstica y se han habilitado refugios para las víctimas y líneas telefónicas directas para reportar crímenes, el balance es desalentador. Si bien los feminicidios han disminuido ligeramente, los ocurridos en las viviendas de las víctimas aumentaron 9% en el periodo de diez años que terminó el 2020.
La región tiene más leyes que específicamente criminalizan el feminicidio que cualquier otra parte del mundo, pero en la práctica ha sido de ayuda casi nula.
En México, donde nueve mujeres son asesinadas cada día, en promedio, solo 1% de feminicidios termina en condena. Según el Banco Mundial, cerca de la tercera parte de las mujeres en el planeta ha sufrido violencia física, sicológica o sexual al menos una vez en su vida la proporción en países ricos es 20%. La vasta mayoría de agresiones es cometida por parejas actuales o previas.
Alrededor del 60% de mujeres en Bolivia señala haber sufrido violencia física por su pareja al menos una vez; en Ecuador, es el 40%. En México y Honduras, cerca de seis de cada 100,000 mujeres son asesinadas cada año el promedio global es alrededor de dos por cada 100,000-. La impunidad es uno de los principales factores detrás de la persistencia de la violencia de género.
En algunos casos, los perpetradores eluden a la justicia debido a sus vínculos con políticos, abogados o bandas de narcotráfico.
Evo Morales, expresidente de Bolivia (2006-2019) que quiere volver a postular el próximo año está siendo investigado por supuestamente haber violado a una niña de 15 años, el 2015, quien luego dio a luz a su hija. Morales tilda la acusación de “persecución política”.
El sexismo es endémico en América Latina. El 2017, Oxfam realizó un estudio en la región con cerca de 5000 hombres y mujeres jóvenes. Casi dos tercios de varones entre 15 y 19 años opinó que cuando una mujer dice “no” a tener sexo, en realidad quiere decir “sí”.
En una encuesta del año pasado en Perú, cerca del 40% de participantes opinó que la mujer debe pedir permiso a su pareja para visitar familiares o amigos. En otro sondeo, casi un tercio señaló que la mujer es en cierto modo culpable si acude sola una fiesta y es violada.
Estas actitudes ocasionan reticencia e indiferencia de las autoridades para responder a los crímenes de género, lo que brinda más protección a los perpetradores. El desdén alcanza al más alto nivel del poder. El 2018, cuando Eyvi Ágreda, peruana de 22 años, fue asesinada por su acosador, Carlos Hualpa – le roció gasolina y le prendió fuego en un bus-, el entonces presidente,
Martín Vizcarra, reaccionó diciendo, “Nos sentimos muy tristes, pero a veces, es designio de la vida y tenemos que aceptarlo”.
Pobreza, consumo de alcohol y bajos niveles de educación están asociados con niveles más altos de violencia de género. Las mujeres que transitan rutas migratorias son particularmente vulnerables. Diego Battistessa, de la Universidad Carlos II, en Madrid, ha documentado muertes, asesinatos y desapariciones de al menos 500 venezolanas en rutas migratorias desde el 2019.
El número real es probablemente mucho mayor. Muchas otras son violadas. La opacidad de la data y el hecho de que muchas no reporten abusos, dificultan determinar qué acciones para reducir la violencia de género funcionan. Pero la inversión gubernamental en líneas directas y campañas de concientización, al menos han generado un “aumento de las denuncias. El presidente de Brasil, Lula da Silva, ha elevado los fondos para el Ministerio de la Mujer en US$70 millones, en cuatro años. Ese dinero está siendo usado para contratar más personal en la línea directa y publicitar su existencia.
Las llamadas se incrementaron de 82000 el 2022 a 114000 en lo que va del 2024, según Denise Motta Dau, secretaria nacional de Lucha contra la Violencia de Género. Pero raramente se informa sobre investigaciones de asesinatos o maltrato. Solo tres de 19 países de la región usan data de denuncias previas en investigaciones de feminicidios. En los que sí lo hacen, se observa que las denuncias suelen preceder mayor violencia. El 2022 en Uruguay, cerca del 370% de mujeres asesinadas había denunciado formalmente a su pareja, que terminó matándolas.
Lo más efectivo para reducirla violencia de género sería una combinación de fiscales mejor capacitados, que puedan obtener tasas de condenas siquiera moderadas, y educación para frenar el machismo. Por desgracia, esa transformación tardará mucho en llegar.