Moquegua, 26 de marzo del 2025 – En el marco del Debate Regional Descentralizado sobre la Aplicación de la Pena de Muerte al Delito de Violación Sexual de Menor de Edad, el Gobierno Regional de Moquegua, a través de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, expresó su preocupación por el incremento de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en el país.
Durante su participación, la gerente regional de Desarrollo Social, Katerine Anco Santos, presentó estadísticas alarmantes sobre los casos de violencia sexual que afectan principalmente a menores, señalando que esta problemática representa una grave amenaza para la integridad física y emocional de las víctimas.
⚖️ Debate por la justicia y la protección infantil
Anco Santos señaló que, ante la creciente impunidad y el impacto devastador que estos delitos generan en la niñez, la pena de muerte ha sido planteada como una medida extrema pero necesaria para proteger a los menores y disuadir a los agresores.
“Es momento de poner en el centro de la discusión el derecho de nuestras niñas y niños a vivir seguros. La sociedad exige justicia firme y real. Si es necesario revisar acuerdos internacionales para salvaguardar la vida e integridad de nuestros menores, debe hacerse”, afirmó.
La representante del GORE Moquegua hizo hincapié en que el país cuenta con soberanía legal para debatir y decidir sus propias leyes, en función del interés superior del niño, la seguridad ciudadana y el clamor social frente a casos reiterados de abuso.
👥 Una demanda social en debate
El evento descentralizado reunió a autoridades regionales, representantes de organizaciones civiles, juristas, académicos y ciudadanos, quienes intercambiaron posturas sobre la viabilidad legal, ética y social de aplicar la pena capital en estos casos extremos.
El Gobierno Regional de Moquegua reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, y respaldó la necesidad de fortalecer los sistemas de justicia y protección, incluyendo sanciones ejemplares que respondan con firmeza ante delitos que atentan contra la infancia.