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El Congreso de la Rep\u00fablica public\u00f3 el martes la ley que obliga a los medios de comunicaci\u00f3n a conceder de manera gratuita el 10% de su programaci\u00f3n a ministerios e instituciones del Estado para difundir mensajes de prevenci\u00f3n de la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar.<\/p>\n
La ley N\u00ba 32351, publicada en las normas oficiales del diario El Peruano, modifica el art\u00edculo 46 de la Ley 30364 (Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar) sobre obligaciones de los medios de comunicaci\u00f3n, que incluye los escritos, televisivos, radiales y \u201cde cualquier otra modalidad sean p\u00fablicos o privados\u201d. El cambio establece que las instituciones p\u00fablicas articuladas en el Sistema Nacional para la Prevenci\u00f3n, Sanci\u00f3n y Erradicaci\u00f3n de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar \u201cacceden en forma gratuita al uso de la franja educativa del 10 % de la programaci\u00f3n\u201d que dichos medios facilitan en el horario de protecci\u00f3n familiar para que se \u201cdesarrollen contenidos vinculados a la sensibilizaci\u00f3n, prevenci\u00f3n, atenci\u00f3n, protecci\u00f3n, sanci\u00f3n y reeducaci\u00f3n para la erradicaci\u00f3n de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar\u201d.<\/p>\n
En la pr\u00e1ctica otorga a doce instituciones del Estado que integran dicho sistema, entre ellas nueve ministerios, una cuota gratuita en programaci\u00f3n de los medios de comunicaci\u00f3n. \u00abDiario El Comercio. Todos los derechos reservados.\u00bb<\/p>\n
La norma no especifica c\u00f3mo se definir\u00e1n dichos contenidos ni bajo qu\u00e9 par\u00e1metros se determinar\u00e1 qu\u00e9 se vincula con \u201csensibilizaci\u00f3n, prevenci\u00f3n, atenci\u00f3n, protecci\u00f3n, sanci\u00f3n y reeducaci\u00f3n\u201d. La nueva ley naci\u00f3 de un proyecto de la congresista Mery Infantes, de Fuerza Popular. Este Diario se comunic\u00f3 con la parlamentaria para conocer los fundamentos de su propuesta. Infantes inform\u00f3 que responder\u00eda durante la noche, sin embargo, hasta el cierre de esta nota no volvi\u00f3 a responder nuestra llamada.<\/p>\n
Aunque la nueva ley se enmarca en la prevenci\u00f3n de un enorme problema social \u2013solo en el a\u00f1o pasado se realizaron m\u00e1s de 460 denuncias diarias por violencia sexual, f\u00edsica y psicol\u00f3gica ante los Centros de Emergencia Mujer\u2013, especialistas advierten que la obligatoriedad de difundir contenidos atenta contra la autonom\u00eda de los medios y podr\u00eda implicar la difusi\u00f3n de mensajes asociados a la l\u00ednea del gobierno de turno.<\/p>\n
El Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys) advirti\u00f3 que la norma beneficia principalmente a ministerios que cuentan con presupuesto propio para difusi\u00f3n y campa\u00f1as y permite que disfruten de propaganda gratuita bajo la excusa de un servicio p\u00fablico. De acuerdo con Roberto Pereira, abogado y asesor jur\u00eddico del Ipys, la obligatoriedad impuesta por el Congreso se contrapone al art\u00edculo 14 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Per\u00fa, que dispone la colaboraci\u00f3n de los medios de comunicaci\u00f3n con el Estado en temas educativos, as\u00ed como a la Ley de Radio y Televisi\u00f3n, que precisa que dicha franja educativa es definida por los propios medios.<\/p>\n
\u201cEs una imposici\u00f3n de contenidos inaceptable bajo la coartada de los buenos prop\u00f3sitos de la lucha contra la violencia a la mujer. La Constituci\u00f3n garantiza la independencia informativa y editorial de los medios de comunicaci\u00f3n. No es posible que el Estado, en una democracia, imponga a contenidos editoriales. Hay riesgo en la vocaci\u00f3n expansiva de este tipo de regulaciones. Hoy son los buenos prop\u00f3sitos de la prevenci\u00f3n contra la violencia, luego ser\u00e1 la seguridad, la pobreza, el hambre o alguna situaci\u00f3n que se les ocurra para desdibujar a libertad editorial\u201d, dijo. \u00abDiario El Comercio. Todos los derechos reservados.\u00bb<\/p>\n
En di\u00e1logo con El Comercio, Pereira consider\u00f3 que tampoco se justifican los cambios tomando en cuenta que son los medios los que, incluso mucho antes que el Estado, visibilizan los casos de violencia contra la mujer. \u201cLos medios son los primeros en informar sobre situaciones de violencia familiar, cubrir denuncias y exponer a los funcionarios que no cumplen su labor. Las autoridades no hacen su trabajo de prevenci\u00f3n\u201d, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n
Para Liz Mel\u00e9ndez, directora ejecutiva del Centro de la Mujer Peruana Flora Trist\u00e1n, si bien es necesario contar con estrategias de prevenci\u00f3n que involucre a los medios de comunicaci\u00f3n de forma activa, se debe precisar qu\u00e9 tipo de mensajes se pretenden difundir para no reproducir \u201ccambios ideologizados\u201d del gobierno o de las autoridades que ocupen el Ministerio de la Mujer.<\/p>\n
\u201cToda forma de difusi\u00f3n de servicios de atenci\u00f3n y de prevenci\u00f3n de la violencia es positiva. Es importante afianzar la prevenci\u00f3n, pero el tema es cu\u00e1l es el mensaje que se va a dar, c\u00f3mo se va a garantizar que los mensajes no contribuyan a promover roles de genero tradicionales o machistas y que no va a vulnerar la igualdad, promoviendo estereotipos de g\u00e9nero y perpetuando la violencia, dijo a El Comercio.<\/p>\n
De hecho, la nueva ley se publica d\u00edas despu\u00e9s de que la Fiscal\u00eda de la Naci\u00f3n presentara ante el Congreso una denuncia constitucional contra el ministro de Educaci\u00f3n, Morgan Quero, y la exministra de la Mujer, \u00c1ngela Hern\u00e1ndez, por el presunto delito de incitaci\u00f3n a la discriminaci\u00f3n en su modalidad agravada, en agravio de los ni\u00f1os y las ni\u00f1as de las comunidades nativas Awajun y Wampis de la provincia de Condorcanqui, en Amazonas. \u00abDiario El Comercio. Todos los derechos reservados.\u00bb<\/p>\n
Hace un a\u00f1o, ambas autoridades calificaron de \u201cpr\u00e1ctica cultural\u201d la violencia sexual hacia ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes de Condorcanqui, donde se identificaron m\u00e1s de 600 casos de abuso sexual y varios contagios en la comunidad wampi.<\/p>\n
CUESTIONAMIENTOS DEL EJECUTIVO<\/strong><\/p>\n El propio gobierno de Dina Boluarte tambi\u00e9n se opuso a los cambios propuestos por el Congreso y observ\u00f3 la aut\u00f3grafa aprobada porque no se hab\u00eda \u201cjustificado la necesidad de otorgar el car\u00e1cter gratuito\u201d al acceso de la franja educativa del 10% de la programaci\u00f3n \u201cni evaluado el riesgo que se generar\u00eda en los ingresos de los radiodifusores\u201d. \u00abDiario El Comercio. Todos los derechos reservados.\u00bb<\/p>\n A trav\u00e9s de un oficio dirigido a Eduardo Salhuana, presidente del Congreso, la presidenta Dina Boluarte y el entonces premier, Gustavo Adrianz\u00e9n, especificaban las dos observaciones a la propuesta. Adem\u00e1s de indicar que ni la exposici\u00f3n de motivos ni los antecedentes de la propuesta abordaban el aspecto econ\u00f3mico, tambi\u00e9n se cuestionaba el impacto en la autonom\u00eda de los radiodifusores en la elaboraci\u00f3n del contenido de su programaci\u00f3n.<\/p>\n \u201cLa Aut\u00f3grafa de Ley limita a los titulares del servicio de radiodifusi\u00f3n a determinar libremente una parte del contenido de su programaci\u00f3n destinado a la franja educativa, tal como lo dispone la normativa\u201d, se\u00f1alaba el oficio que finalmente fue ignorado por el parlamento.<\/p>\n Una iniciativa similar, propuesta esta vez por el Ejecutivo, tuvo que ser retirada hace menos de dos meses por la notoria intromisi\u00f3n que significaba para la independencia de los medios de comunicaci\u00f3n. En marzo pasado, en uno de los llamados Cuartos de Guerra -pomposa definici\u00f3n para reuniones entre el Ejecutivo, PNP y FF.AA sobre seguridad ciudadana-, el entonces ministro de Justicia, Eduardo Arana, hoy presidente del Consejo de Ministros, anunci\u00f3 un proyecto para modificar la Ley de Radio y Televisi\u00f3n y obligar a que los medios difundan las actividades del gobierno de Dina Boluarte durante los estados de emergencia, bajo la excusa de la necesidad de informar sobre acciones que ejecutan contra la delincuencia y criminalidad. La propuesta era 40 minutos de una franja para un contenido que no quedaba claro. Menos de una semana despu\u00e9s, Arana anunci\u00f3 la suspensi\u00f3n de la propuesta para no poner \u201cen tela de juicio la vocaci\u00f3n democr\u00e1tica del Ejecutivo\u201d y el respeto a la libertad de expresi\u00f3n.<\/p>\n No es la \u00fanica iniciativa. En el Congreso existen tres proyectos de ley orientados a imponer cuotas en la programaci\u00f3n televisa, radial o escrita con el pretexto de mejorar las difusi\u00f3n de contenido sobre prevenci\u00f3n temas c\u00edvicos, art\u00edsticos, culturales o de prevenci\u00f3n de desastres. En una nota previa, Michell Szejer, presidenta ejecutiva de la Sociedad Nacional de Radio y Televisi\u00f3n (SNRTV), advirti\u00f3 que el \u201ctransfondo\u201d de propuestas de este tipo \u201ces querer controlar contenidos\u201d e \u201cintervenir el mercado\u201d. \u00abDiario El Comercio. Todos los derechos reservados.\u00bb<\/p>\n\n